En el marco de las discrepancias que se vienen dando desde hace varias semanas en el país respecto a las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, el debate tuvo un nuevo escenario: el Encuentro de Justicia Ordinaria que se desarrolló en Bucaramanga.

Como actores estuvieron representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los puntos fue la discusión sobre el “control de convencionalidad” que deben realizar los agentes judiciales del Estado para analizar la compatibilidad de la ley interna colombiana con las normas de la Corte IDH.

Quedó claro al analizar la reforma a la Procuraduría, que se hizo con la intención de cumplir ese fallo, que la entidad puede seguir sancionando, inhabilitando y destituyendo a elegidos por voto popular, pero esa decisión tendrá que ir a un control judicial automático por el Consejo de Estado, que será quien tenga la última palabra al respecto, determinó la Corte Constitucional.

Ese fallo dice, además, que las decisiones de la Corte IDH no se aplican de manera automática, porque deben armonizarse con el ordenamiento jurídico interno, por lo cual se interpretó que mientras para el sistema interamericano tiene que ser un juez penal, para la justicia colombiana puede ser cualquier juez el que tenga esa decisión final.

En el marco de ese debate, Humberto Sierra Porto, juez colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), defendió la tesis del tribunal internacional y señaló que ante el panorama actual de discusión, en todo caso, debe haber una solución dialogada y no llegar a extremos de que el país se salga de la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

“Decir que nos vamos a salir del Sistema Interamericano es desproporcionado, es un exabrupto porque eso sería ponerse a nivel de Nicaragua, o como está sucediendo en Venezuela”, dijo Sierra.

Dijo además que “la obligación de los jueces es proyectar la idea de armonía, sensación de unidad y no generar en la ciudadanía que hay un caos, un despropósito, en eso a veces no ayudamos a consolidar los fundamentos del Estado de derecho. No se puede utilizar el derecho interno como una excusa para no explicar sentencias de carácter internacional”.

Sin embargo, Mirian Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, salió al paso a lo expresado por Sierra Porto: “No siempre hay confrontación entre el sistema jurídico interno y el interamericano, sino una constante relación armónica y de cooperación, el choque existe entre el ‘control de convencionalidad’ y el ‘bloque de constitucionalidad’”.

Para Juan Carlos Cortes, magistrado de la Corte Constitucional, este debate se ha generado bajo la construcción de “armonización”, y en Colombia hay una historia cruzada entre el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad.

Cortés explicó que “la Corte no ejerce rol de convencionalidad por no reconocer ese debate que dio la Constituyente y ese rol que como suprema guardiana de la supremacía constitucional se le asigna por la carta política”.

“Este proceso de armonización de los sistemas jurídicos internacionales y nacional, es esfuerzo ponderado para avanzar en la garantía de derechos políticos. Es un proceso evolutivo, dialogante que busca construir constitucionalismo que legitime recíprocamente a los sistemas internacional y nacional. Reconociendo en Colombia que todos los jueces son constitucionales”, dijo el magistrado Cortés.